Investigaciones laborales
La sociedad ha evolucionado y con ella las profesiones. Lejos queda la imagen de aquel detective con gabardina que filmaban en el cine investigando relaciones sentimentales o desapariciones. Ha cambiado su forma de trabajar, ahora las tecnologías son un punto principal en su quehacer y los asuntos que investigan también. Hoy en día, uno de los puntos fuertes de los detectives privados son las investigaciones en ámbitos laborales.

Las empresas han llegado a puntos competitivos máximos. Es necesario conocer el interior y exterior de la misma para dar pasos firmes, sin dudas. Así asegurar las inversiones, ya sea investigando a nivel económico, de recursos humanos o sociales. Los gerentes pueden contratar los servicios de un detective privado para desarrollar investigaciones relacionadas con sus empleados. Lo hacen con el respaldo de la Ley de Seguridad Privada, que señala la posibilidad de desarrollar dichas investigaciones siempre que se enmarquen dentro de la legitimidad, respeten el derecho a la intimidad y el honor, entre otras obligaciones más técnicas.
Y, ¿qué puede investigar un detective privado sobre el empleado? Los casos más comunes de investigación son las bajas laborales, la fuga de información confidencial y el fraude empresarial, pero hay más: verificación del currículum vitae de posibles candidatos, comportamientos laborales (absentismos, incumplimiento de horarios, rendimiento), competencia desleal, apropiaciones indebidas o conflictos de intereses, entre otros.
Cuando las investigaciones se desarrollan en el interior de la empresa, también conocidas como espionaje industrial, la dificultad se atribuye a la necesidad de infiltración y penetración en el núcleo estudiado. Pero lo que tienen en común casi todas las causas investigadas es la existencia de un motivo económico, ya sea a través de engaños, sobornos, manipulaciones contables o corrupción.
En caso de ser comprobada la investigación a favor del empresario, este puede reclamar al empleado por daños y perjuicios ante los tribunales, con la consecuente multa económica y pérdida de empleo.